Ana María Padrón with her two sons, who were fighting malaria, in May at their home in El Dique.
Credit Meridith Kohut for The New York Times

The New York Times: La malaria se esparce por Venezuela en medio del colapso económico (Español/English)

Centenares de personas con síntomas de malaria llenan las salas de espera de una clínica en Ciudad Guayana, en mayo. Credit Meridith Kohut para The New York Times
Centenares de personas con síntomas de malaria llenan las salas de espera de una clínica en Ciudad Guayana, en mayo. Credit Meridith Kohut para The New York Times

Cuando Reinaldo Balocha volvió a enfermarse de malaria por duodécima vez, no descansó para nada. Aún con la fiebre sacudiendo su cuerpo, se echó el pico al hombro y regresó a trabajar en la mina ilegal de oro donde pica piedras.

Balocha, un técnico en computación, no encajaba en el trabajo de las minas; sus manos suaves solían golpear el teclado, no la tierra. Sin embargo, la economía de Venezuela colapsó a tal grado que la inflación anuló su salario, y con él sus esperanzas de conservar una vida de clase media.

Es por eso que Balocha, al igual que decenas de miles de personas de todo el país, viajó hasta estas pantanosas minas a cielo abierto en busca de un futuro.

Aquí se encuentran meseros, oficinistas, taxistas, profesores universitarios y hasta funcionarios públicos que están de vacaciones y salen a cribar oro para el mercado negro, bajo la supervisión de un grupo armado que les impone tarifas y los amenaza con amarrarlos a los postes si desobedecen.

Esta es una sociedad en crisis, un lugar donde la gente educada abandona los cómodos trabajos que tienen en la ciudad por duros y peligrosos trabajos en canteras lodosas, desesperados por lograr que el dinero les alcance. El costo es elevado: la malaria, durante mucho tiempo contenida en la periferia del país, ha regresado para vengarse.

Venezuela fue el primer país del mundo en acabar con esta enfermedad en sus zonas más pobladas; lo hizo en 1961, mucho antes que Estados Unidos y otros países desarrollados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue un gran logro para una pequeña nación, una acción que allanó el camino para el desarrollo de Venezuela como potencia petrolera y alimentó las esperanzas de que fuese un modelo que ayudaría a erradicar la malaria en todo el mundo.

Desde entonces, el mundo ha dedicado enormes cantidades de dinero y de tiempo para erradicar esta enfermedad. En los últimos años, se ha logrado reducir un 60 por ciento las muertes en los lugares donde la población sufre de malaria, según la OMS.

Pero en Venezuela, el reloj marcha hacia atrás.

El colapso económico del país ha traído de regreso esta enfermedad; la sacó de las remotas minas de la selva donde sobrevivía en silencio, y volvió a diseminarla por todo el país a niveles que no se veían desde hacía 75 años, según los expertos.

Todo comienza en las minas. Por la crisis económica, al menos 70.000 personas de todos los estratos sociales han visitado esta región minera desde el año pasado, asegura Jorge Moreno, un médico venezolano experto en mosquitos que actualmente trabaja cerca de las minas. A medida que aumenta la explotación de oro en pozos llenos de agua que son el caldo de cultivo perfecto para los mosquitos que transmiten malaria, miles de personas se están infectando.

Luego, cuando ya tienen el parásito en la sangre, las personas regresan a sus casas en distintas ciudades de Venezuela. Por la crisis económica a menudo no hay medicinas y la fumigación es escasa, entonces la malaria enferma a decenas de miles de personas y causa la desesperación en ciudades enteras.

Un médico pincha la oreja de Soraya Rodríguez durante una prueba de sangre para detectar la malaria en una clínica de Tumeremo. Credit Meridith Kohut para The New York Times
Un médico pincha la oreja de Soraya Rodríguez durante una prueba de sangre para detectar la malaria en una clínica de Tumeremo. Credit Meridith Kohut para The New York Times

“El oro hizo que este lugar se volviera atractivo; provocó una gran migración y, en consecuencia, la diseminación de la malaria”, explicó Moreno. “Con la crisis llega esta enfermedad que se agudiza con las malas condiciones”.

Una vez que sale de las minas, la malaria se propaga rápidamente. A cinco horas de distancia, en Ciudad Guayana, un antiguo enclave industrial donde hay muchos desempleados que se han dedicado al trabajo en las minas, un grupo de 300 personas llenaba la sala de espera de una clínica en mayo. Todos tenían los síntomas de la malaria: fiebre, escalofríos y temblores incontrolables.

No había luz porque el gobierno había racionado la energía para ahorrar electricidad. No había medicinas, porque el Ministerio de Salud no las había entregado. Los médicos hacían pruebas de sangre con las manos desprotegidas, porque ya no tenían guantes.

Maribel Supero abrazaba a su hijo de 23 años que temblaba sin poder hablar. José Castro sostenía a su hija de 18 años que gritaba. La doctora Griselda Bello movía sus manos con un gesto de impotencia y le decía a otro paciente que esperara un poco más. Las pastillas se habían acabado y no había nada que pudiera hacer.

“Regrese mañana a las 10 de la mañana”, le sugirió al enfermo.

“Ay, Dios”, respondió el paciente. “Uno se podría morir de aquí allá”.

“Sí, efectivamente”, confirmó la especialista.

En la población vecina de Pozo Verde, los habitantes dijeron que la malaria había llegado después de que los mineros comenzaran a regresar enfermos a sus casas, y los fumigadores del gobierno desaparecieron hace dos años. Hoy, el colegio secundario público se ha convertido en una incubadora: desde noviembre de 2015, la cuarta parte de sus 400 estudiantes se contagiaron de malaria.

“Se podría pensar que íbamos a hacer algo: acordonar la escuela o declarar la cuarentena”, dijo Arebalo Enríquez, el director de la escuela, quien contrajo malaria junto con su esposa, su madre y siete miembros más de su familia.

Oficialmente, la propagación de la malaria en Venezuela se ha convertido en un secreto de Estado. El gobierno no ha publicado informes epidemiológicos sobre la enfermedad durante el último año y afirma que no hay crisis.

Sin embargo, el informe más reciente que The New York Times obtuvo de médicos venezolanos confirma que se está produciendo un repunte de la enfermedad. Según ese documento, el año pasado los enfermos de malaria se incrementaron en un 56 por ciento, alcanzando una cifra de 136.000 casos.

La enfermedad se ha expandido rápidamente por todo el país; ahora hay casos en más de la mitad de los 23 estados. Entre las cepas presentes se encuentra la Plasmodium falciparum, la forma más letal y grave de la malaria.

“Es una situación de vergüenza nacional”, dijo José Oletta, exministro de Salud de Venezuela que vive en Caracas, donde los casos de malaria también están apareciendo ahora. “Yo veía este tipo de casos cuando era un estudiante de medicina, hace medio siglo. Esto me duele. Esa enfermedad había desaparecido”.

En El Dique, una población rural donde la malaria no se conocía hasta hace dos años, Juana García, de 66 años, estaba sentada afuera de su casa. Había enviudado recientemente, porque su esposo contrajo la enfermedad y murió. Prácticamente no hablaba, ni se movía de la silla.

“Ella va a seguir luchando”, aseguró Ana María Padrón, su hija.

En la casa de Padrón, sus dos hijos también combatían la malaria. La fiebre comenzó en la mañana: a las 8 en el caso de Omar, de 8 años; y a las 11 empezó con fiebre Arístides, de 7 años. La familia no había encontrado ninguna medicina. Los niños solo habían recibido analgésicos.

“Estamos rezando”, dijo la madre.

La tentación del oro

Las minas ilegales están desperdigadas a lo largo de decenas de kilómetros; van dejando un tramo marcado de viruelas en la tierra, donde la selva se abre para dar paso a innumerables cráteres y cicatrices.

Algunas operaciones mineras tienen el tamaño de pequeñas piscinas donde dos hombres tamizan el barro con cacerolas, como si fuese una escena sacada de las explotaciones de yacimientos auríferos que se realizaban en California hace más de un siglo. Otros drenan anchos pantanos con enmarañadas redes de tubos y bombas. En otro lugar, cientos de buscadores de oro hurgan la tierra roja y blanca en una excavación que tiene 15 pisos de profundidad y la longitud de un campo de fútbol americano. La llaman Cuatro Muertos.

Esto no debería suceder. En el pasado las reservas de oro fueron controladas por una empresa canadiense antes que el presidente Hugo Chávez la expropiara y se comprometiera a utilizar sus recursos para financiar su revolución socialista.

Pero esa operación siguió el mismo patrón de mala gestión y abandono que muchas otras expropiaciones durante la era de Chávez. Eventualmente el Estado abandonó el territorio alrededor de la mina, y sus beneficios potencialmente lucrativos. Los explotadores de oro se apoderaron de la zona, y también llegaron los grupos armados que se hacen llamar la ley.

Pero al menos hay comida.

Mientras el país se convulsiona por la escasez de comida y los disturbios, mientras las multitudes hambrientas saquean las tiendas, los restaurantes y las panaderías, el pueblo minero de Las Claritas, a corta distancia de la mina Albino, vive en relativa abundancia.

Los restaurantes ofrecen menús completos. Los mercados callejeros están llenos de frutas y llegan camionetas cargadas de calabazas. En un país donde escasea el jabón, se venden una docena de marcas distintas en una tienda cuyos propietarios son chinos, también ofrecen siete modelos de televisores con pantalla plana. Los mineros desembolsan gordos fajos de billetes, producto de sus ganancias por el oro, y los pasan por una máquina contadora.

Los pozos llenos de agua de las minas son el caldo de cultivo perfecto para los mosquitos que transmiten la malaria a los mineros. Credit Meridith Kohut para The New York Times
Los pozos llenos de agua de las minas son el caldo de cultivo perfecto para los mosquitos que transmiten la malaria a los mineros. Credit Meridith Kohut para The New York Times

La promesa de una Venezuela diferente, un país donde haya suficiente comida y trabajos bien pagados, llevaron a Yudani González a abandonar sus estudios en Ciudad Bolívar, la capital del estado Bolívar, donde ha aumentado el desempleo. Se marchó para dirigir un desvencijado campamento en la selva donde cocina para los mineros con una mano y cuida a dos niños pequeños con la otra.

“Aquí puedes salir adelante”, dijo González mientras bañaba a su hija de dos años en un balde de plástico al mismo tiempo que cocinaba.

Danneris Flores, una empleada del gobierno que tiene un segundo trabajo como cocinera de un campamento minero, se sentó cerca. Flores es asistente administrativa en una clínica estatal de salud, pero la moneda venezolana ha caído tanto que su salario es apenas de un dólar al día, según el valor actual de la divisa en la calle.

Así que pidió vacaciones y las usó para trabajar un par de semanas en las minas.

Su cuñado trabaja para PDVSA, la petrolera estatal, y hace lo mismo. Flores cuenta que al trabajar por un corto periodo en las minas gana dos veces su salario mensual. Contaba los días que le faltaban para regresar a casa y ver a sus tres hijos.

“Nunca imaginé que trabajaría en una mina”, le comentó a González, mientras servían la comida. “Antes las personas pensaban en ir a la escuela”.

Un minero entró a saludar a las mujeres y dijo que recientemente había visto a alguien morir de malaria. González comentó que había sufrido la enfermedad en cuatro ocasiones. Su hijo, de cuatro años, ha contraído malaria en tres oportunidades.

“Te cobran dos gramos de oro por la medicina”, explicó. “Tú pagas lo que te pidan”.

No todos pueden encontrar la medicación, a pesar de las ganancias del oro.

Hace unos días, José Yoel Castillo se tambaleaba en la entrada de la clínica de malaria en Las Claritas; cargaba en sus hombros a dos familiares mientras convulsionaba y no podía hablar.

Castillo se ganaba la vida en la población de Caicara del Orinoco llevando pasajeros en la parte de atrás de su motocicleta. Pero un grupo armado le quitó la moto y Castillo no pudo comprar una nueva.

Así que se vino a las minas. Rápidamente consiguió trabajo y dinero, incluso para comprar la medicina contra la malaria la primera vez que se enfermó. Sin embargo, cuando los síntomas aparecieron por segunda vez, no pudo encontrar el tratamiento en ninguna parte.

“Algunas personas pueden seguir trabajando y superarlo”, dijo su cuñado, Alejandro López. “Pero otros no”.

Incluso con dinero en los bolsillos, los mineros conocen los peligros de regresar a casa.

Josué Guevara, de 20 años, abandonó sus estudios en ingeniería industrial para venirse a las minas. Alguna vez se imaginó como director de Alcasa, la compañía estatal de aluminio. Sin embargo, dijo, sus familiares que trabajan allí apenas podían comprar comida.

“Ahora tengo otras metas”, aseguró, parado sobre el borde del cráter de la mina Cuatro Muertos, donde ahora vive y trabaja.

Usando gasolina y otros químicos para extraer el oro, Guevara gana 500.000 bolívares (cerca de 500 dólares en el mercado negro) durante una buena racha de dos semanas, lo que equivale a 75 veces el salario mínimo. Sin embargo, cuando este verano contrajo la malaria, hizo lo mismo que otros mineros: regresó a casa para recuperarse, y llevó la enfermedad consigo.

“Todo tiene sus riesgos”, dijo.

Del otro lado de la mina, Pedro Pérez, de 38 años, se sienta en una estructura hecha con tres postes y un toldo donde duerme con otros diez mineros. En marzo dio positivo de malaria dos veces. La tercera vez ni se molestó en que le hicieran la prueba.

“Estaba recostado y sentía los mismos síntomas”, relató.

Él también regresó a su casa en Ciudad Bolívar, donde su madre se contagió de malaria. “Nosotros llevamos la enfermedad”, dijo Pérez. A veces recuerda su vida antes de llegar a las minas durante el otoño pasado: era supervisor en una refinería estatal de metal.

También era dueño de una casa con cuatro habitaciones y dos baños, así como de un Ford Focus 2005. Junto con su esposa, que es abogada, solía viajar a Margarita, una isla tropical en la costa norte de Venezuela.

Sin embargo, antes de que perdiera su trabajo el año pasado, la caída de la moneda venezolana había reducido el valor de su salario a unos 26 dólares mensuales. Finalmente dejó su casa para ir a la mina.

“No me acostumbro a bañarme en un río de agua sucia”, dijo. “Creo que antes tenía una buena vida”.

Hace unas semanas, su esposa vino a Las Claritas para comprar provisiones como comida y jabón que no encontraba en Ciudad Bolívar. La pareja pasó tres noches en un hostal de los mineros. Después de que su esposa se fue, Pérez sintió las tensiones en su matrimonio.

“’Sé que es difícil para ti’, le dije, ‘pero tenemos que aceptar esta nueva realidad’”, contó Pérez.

En Las Claritas, sentada en la mesa de un oscuro burdel que olía a alcohol, estaba Angélica, una joven de pelo negro cuyos padres no saben que es prostituta. Hace tres meses dejó la ciudad de Maturín, cuando comenzaron a estallar los disturbios por la escasez de comida.

“Antes tenías que hacer fila durante horas, pero algo conseguías”, relató Angélica, que no quiso dar su apellido. “Pero ahora ya no queda nada allá”.

Hoy gana el equivalente a 40 dólares cuando un minero quiere pasar la noche con ella. Lo más común es que el dinero llegue en cuotas de a ocho dólares, que es lo que gana cuando un cliente quiere tener sexo e irse enseguida.

A veces, cuenta, puede llegar un cliente que tiembla de fiebre y no puede hacer nada porque tiene malaria. Otras veces es el dueño de una de las tiendas chinas. Los hombres vienen de todos los rincones del país.

“La parte más difícil de esta vida es estar con alguien a quien no amas”, dice.

El regreso de la malaria

Venezuela solo vivió su auge después del declive de la malaria.

Era la década de 1920 cuando se descubrieron los yacimientos masivos de petróleo que desencadenaron una bonanza económica.

Por ese entonces dos tercios de Venezuela estaban muy afectadas por la malaria, una situación que se interponía entre el país y su riqueza. Más tarde esas tristes escenas fueron inmortalizadas en Casas muertas, una novela de 1955 escrita por Miguel Otero Silva en la que se cuenta la historia de las muertes provocadas por la malaria entre los trabajadores petroleros que luchaban por sobrevivir.

Liberar a la nación de la malaria se convirtió en un tema central para el desarrollo de Venezuela, aseguró Oletta, el exministro de Salud.

“Solo después de que la malaria se fuera podían llegar los caminos y la industria”, afirmó. “Era un país enfermo y, cuando se recuperó, las cosas cambiaron”.

Esta  tarea transformadora fue liderada por Arnoldo Gabaldón, el exministro de Salud que inició uno de los primeros esfuerzos a gran escala para erradicar la malaria y se convirtió en héroe nacional.

Varios equipos construyeron canales de irrigación en las zonas rurales de Venezuela para drenar las pozas de agua estancada y construyeron casas de hormigón para que los mosquitos tuvieran menos sitios donde reproducirse. Gabaldón fundó un centro de investigación en la ciudad de Maracay, para ampliar la misión y capacitar a funcionarios de América Latina y África, entre otras regiones.

Sin embargo, fue el uso de insecticidas —inicialmente DDT y otras sustancias— lo que comenzó a revertir la situación. Las paredes de casi todas las casas rurales fueron rociadas, una técnica que mataba a los mosquitos cuando estos se posaban a descansar. Los fumigadores dejaban un sobre con la fecha en que volverían. Para 1949, las muertes por malaria habían descendido drásticamente: de 300 por cada 100.000 personas a solo nueve.

Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia, 50 años después, y comenzó a hacer realidad su visión del socialismo para Venezuela, el sistema creado por Gabaldón se había desvanecido hacía mucho tiempo, aunque parecía que la malaria seguía confinada a algunas zonas rurales. Sin embargo, la reestructuración de la economía durante el gobierno de Chávez y sus seguidores, junto con la creciente dependencia de las ganancias petroleras y las instauración de un sistema de control sobre las divisas que restringía los dólares, cambiaron esa situación.

En 2014 y 2015, cuando los precios del petróleo colapsaron y el gobierno batalló para conseguir dinero y pagar alimentos, servicios e importaciones, hubo gran escasez de cloroquina y primaquina, dos medicamentos para combatir la Plasmodium vivax, una cepa que produce malaria crónica.

En 2016, los médicos aseguran que hay escasez de casi todos los fármacos para combatir la malaria, sobre todo de un coctel de medicamentos para contrarrestar la falciparum, una cepa mortífera cuyo remedio apenas cuesta un dólar por dosis.

Leopoldo Villegas, un experto internacional en malaria que se encuentra en Bangkok, aseguró que el gobierno también dependía de métodos poco actualizados, como el rocío de insecticidas al aire libre, lo que tiene poco efecto en los mosquitos de malaria. Aseguró que no sabe por qué usan este procedimiento. Y como no hay informes epidemiológicos de nuevos casos de malaria, no se sabe cuánta medicina se necesita.

Gustavo Bretas, un experto brasileño en malaria, afirma que en el pasado Venezuela capacitó a los expertos de toda la región en la prevención de la malaria. Sin embargo, su incapacidad para contener este brote implica que ahora está desempeñando el papel contrario: es una amenaza para los países que lo rodean, particularmente Brasil, donde también hay minas de oro ilegales.

“Está comenzando a diseminarse por los países vecinos”, dijo, y añadió que la falta de estadísticas oficiales hace que sea difícil medir la dimensión del problema.

El Ministerio de Salud de Venezuela no respondió a las peticiones de entrevista, entre ellas una carta que se entregó en sus oficinas.

Muestras de sangre de pacientes con síntomas de malaria en una clínica de Ciudad Guayana Credit Meridith Kohut para The New York Times
Muestras de sangre de pacientes con síntomas de malaria en una clínica de Ciudad Guayana Credit Meridith Kohut para The New York Times

Oscar Noya ahora trabaja en el viejo laboratorio de Gabaldón en Caracas debajo de una fotografía de su mentor luciendo traje y corbata. En los últimos días los pacientes con malaria volvieron a sentarse en esos escalones; muchos han venido desde las minas. Una mañana hace poco llegaron 15: 12 de ellos dieron resultados positivos en las pruebas de malaria.

Noya intenta arreglárselas sin medicinas esenciales como el artesunate, que está incluido en la lista de “medicamentos esenciales” de la OMS para el tratamiento de casos graves de malaria falciparum. Solo le quedaban tres dosis y necesita seis para tratar a un solo paciente que presente un cuadro grave.

Una noche reciente un grupo entró en uno de sus laboratorios de malaria y se robó las computadoras. Es uno de los 20 ataques que este año se perpetraron contra el Instituto de Medicina Tropical, dijo Noya. El médico se pregunta si serán personas alineadas con el gobierno.

“Creemos que esto no es más que intimidación porque no nos quedamos callados y no vamos a guardar silencio”, dijo, en referencia a las declaraciones públicas que ha hecho sobre la malaria y la propagación de otras enfermedades.

Noya hizo a un lado las dosis de artesunate, mientras los pacientes seguían llegando. Los miraba con un aire de desesperación. “Gabaldón habría muerto de un paro cardiaco si hubiera visto lo que está pasando”, expresó.

Un orden fuera de la ley

A pesar de la constante rotación de trabajadores que llegan de toda Venezuela, hay un claro orden en las minas. Lo impone un grupo armado conocido como “el sindicato”.

Uno de los jefes del sindicato vino a las minas hace unos años a ejercer su profesión original como dentista. Sigue haciéndolo. Sin embargo, los escuadrones de vigilantes que controlan este lugar en sus motocicletas son la verdadera fuente de su riqueza y poder. Lleva cadenas de oro, dos dientes de oro y prendas doradas que le cubren los nudillos.

Después de que el gobierno abandonara la zona, las minas crecieron de nuevo. Esta vez desplegaron un ritmo ingobernable mientras arrasaban el bosque, generando charcos de agua estancada y una población que es presa fácil de los mosquitos, con lo que allanaron el camino para la explosión de la malaria.

El jefe, quien prefiere mantener su anonimato porque podría ser arrestado por las autoridades, dice sentirse orgulloso de la capacidad del sindicato para llenar el vacío que dejó el Estado. Reconoce que los castigos que aplica su grupo pueden ser espantosos, como dispararle en la mano a un hombre por robar, o amarrar a los postes ubicados a la entrada de la población a quienes delinquen, junto a un letrero que detalla la fechoría cometida.

Sin embargo, argumentó que la disciplina mantenía bajas las tasas de crimen en los campamentos y permitía que los mineros hicieran su trabajo en paz, otro aspecto que se ha erosionado mucho en las peligrosas ciudades de Venezuela.

“Esperar justicia de la policía es un chiste”, afirmó. “Tienes que imponer tu propia justicia”.

Eduardo Medina está de acuerdo. Es un exfarmacéutico que hace un año dejó de trabajar en el estado Zulia para dedicarse a la minería porque vio que la crisis económica se agudizaba.

“Puedes salir a cualquier hora y alguien te puede poner una pistola en la cabeza para que le des tu teléfono… o amenazar a tu madre con un cuchillo”, afirmó Medina en su carpa. “Aquí el crimen está controlado. Nos cobran pero también resuelvan los problemas”.

No obstante, la aparente calma es un engaño. Los conflictos se levantan en otros lugares donde los rivales se disputan el control de las minas. En marzo, al menos 17 mineros fueron masacrados en lo que las autoridades creen fue una de estas disputas.

Durante un descanso, Eduardo Medina miraba hacia la mina donde sus compañeros trabajaban.

“En cualquier momento te pueden matar en Zulia”, dijo. “Pero también te pueden matar aquí”.

Según el jefe, en comparación con todos los problemas que hay que enfrentar para mantener el orden, la malaria es el más difícil. “Con la malaria estamos jodidos”, dijo.

La tarea de monitorear la enfermedad parece haberle sido delegada a Miguel Martínez, un funcionario estatal de Salud que trabaja en una solitaria oficina ubicada a corta distancia del burdel de la mina. Allí examina las muestras de sangre de los mineros: bajo su microscopio, una tintura pinta el parásito de malaria de color morado oscuro. El registro que tenía a su lado mostraba que la mitad de los pacientes que lo habían visitado ese día habían dado positivo.

Como muchos trabajadores venezolanos de la salud, Martínez estaba frustrado. “Así como no hay arroz ni frijoles, en este país tampoco hay medicinas”, dijo.

En la mina caía la noche, ese momento en que el mosquito Anopheles comienza a alimentarse. En la oscuridad se oía a los feligreses de una iglesia pentecostés que hablaban como poseídos, y más allá una ruidosa carpa roja y azul que prometía alcohol y cuerpos desnudos.

Cinco hombres martillaban una veta de cuarzo bajo un toldo, la pulverizaban y filtraban para separarla del oro. Otros caminaban con el agua hasta los hombros en pozos llenos de metales pesados, como mercurio; metían tubos para bombear el lodo. Pájaros tropicales volaban a la distancia.

“¿De verdad la malaria viene de los mineros?”, preguntó Aníbal Flores, un minero de 28 años que dormía en una hamaca colgada entre dos columnas, al lado de la mina. “Pero ¿a qué otro lugar podemos ir a buscar dinero? ¿A la ciudad? Allá no hay comida”.

Los venezolanos han tomado el asunto en sus propias manos. A cinco horas de distancia, en El Dique, los residentes recolectaron 100 bolívares casa por casa para contratar a un fumigador que fuera a rociar las calles.

En la mina, donde muchas veces las pruebas de malaria no están disponibles, los mineros dicen que han desarrollado su propio examen: beber dos botellas de cerveza. Según esta prueba, si sienten un dolor agudo en el riñón, donde se alojan los parásitos, el paciente tiene malaria. Las autoridades sanitarias dicen que eso no sirve.

Sin embargo, Balocha, el técnico de computación que trabaja en la mina Albino, está vivo gracias a esa prueba. Los mineros la llaman “la prueba artesanal”. Hace poco había enfermado de nuevo y ahora esperaba los medicamentos en una clínica.

Balocha recordaba las palabras de su tío, quien hace un año lo llamó justo cuando su salario como técnico en computación no valía nada en la ciudad de Valencia. “Aquí hay plata”, le dijo su tío, que estaba trabajando como minero. “Tienes que saber cómo encontrarla”.

Balocha comenzó como “palero”, el trabajo de menor rango, en el que se dedicaba a romper piedras. Ya desde entonces, explica, ganaba más de lo que era su salario en la ciudad después de que la inflación lo disminuyera.

También recordaba la primera vez que tuvo malaria: “Los escalofríos por todo el cuerpo como si estuvieras entre dos bloques de hielo”.

“La primera vez que contraje malaria fue la peor”, dijo Balocha, parado frente al centro de salud donde las personas esperaban su tratamiento. “No puedes controlar los temblores. Sientes que te vas a morir. Te sientes como zombi”.

Sin embargo, dice bromeando, aquí se hará millonario. Cree que algún día se irá a Europa, lejos de las minas, la malaria y el Sindicato.

Balocha miró al cielo y suspiró. “En la mina, la felicidad solo es temporal”.   (The New York Times en español)

Autor  Nocholas Casey – Patricia Torres y Clavel Rangel colaboraron en este reportaje.

Ana María Padrón with her two sons, who were fighting malaria, in May at their home in El Dique. Credit Meridith Kohut for The New York Times
Ana María Padrón with her two sons, who were fighting malaria, in May at their home in El Dique.
Credit Meridith Kohut for The New York Times

English

Hard Times in Venezuela Breed Malaria as Desperate Flock to Mines

The 12th time Reinaldo Balocha got malaria, he hardly rested at all. With the fever still rattling his body, he threw a pick ax over his shoulder and got back to work — smashing stones in an illegal gold mine.

As a computer technician from a big city, Mr. Balocha was ill-suited for the mines, his soft hands used to working keyboards, not the earth. But Venezuela’s economy collapsed on so many levels that inflation had obliterated his salary, along with his hopes of preserving a middle-class life.

So, like tens of thousands of other people from across the country, Mr. Balocha came to these open, swampy mines scattered across the jungle, looking for a future. Here, waiters, office workers, taxi drivers, college graduates and even civil servants on vacation from their government jobs are out panning for black-market gold, all under the watchful eyes of an armed group that taxes them and threatens to tie them to posts if they disobey.

It is a society turned upside down, a place where educated people abandon once-comfortable jobs in the city for dangerous, backbreaking work in muddy pits, desperate to make ends meet. And it comes with a steep price: Malaria, long driven to the fringes of the country, is festering in the mines and back with a vengeance.

Venezuela was the first nation in the world to be certified by the World Health Organization for eradicating malaria in its most populated areas, beating the United States and other developed countries to that milestone in 1961.

It was a huge accomplishment for a small nation, one that helped pave Venezuela’s development as an oil power and fueled hopes that a model to stamp out malaria across the globe was at hand. Since then, the world has dedicated enormous amounts of time and money to beating back the disease, with deaths plummeting by 60 percent in places with malaria in recent years, according to the W.H.O.

But in Venezuela, the clock is running backward.

The country’s economic turmoil has brought malaria back, sweeping the disease out of the remote jungle areas where it quietly persisted and spreading it around the nation at levels not seen in Venezuela for 75 years, medical experts say.

It all starts with the mines. With the economy in tatters, at least 70,000 people from all walks of life have been streaming into this mining region over the past year, said Jorge Moreno, a leading mosquito expert in Venezuela. As they hunt for gold in watery pits, the perfect breeding ground for the mosquitoes that spread the disease, they are catching malaria by the tens of thousands.

Then, with the disease in their blood, they return home to Venezuela’s cities. But because of the economic collapse, there is often no medicine and little fumigation to prevent mosquitoes there from biting them and passing malaria to others, sickening tens of thousands more people and leaving entire towns desperate for help.

The economic breakdown has “triggered a great migration in Venezuela, and right behind it is the spread of malaria,” said Dr. Moreno, a researcher at a state-run laboratory in the mining region. “With this breakdown comes a disease that is cooked in the same pot.”

Once out of the mines, malaria spreads quickly. Five hours away in Ciudad Guayana, a rusting former industrial boomtown where many are now jobless and have taken to wildcatting in the mines, a crowd of 300 people packed the waiting room of a clinic in May. All had symptoms of the disease: fevers, icy chills and uncontrollable tremors.

There were no lights because the government had cut power to save electricity. There were no medicines because the Health Ministry had not delivered any. Health workers administered blood tests with their bare hands because they were out of gloves.

Maribel Supero clutched her 23-year-old son as he trembled, unable to speak. José Castro held his 18-month-old daughter as she screamed. Griselda Bello, who works at the clinic, waved her hands helplessly and told yet another patient to hold on a bit longer.

The pills had run out. There was nothing she could do.

“Come back tomorrow at 10 a.m.,” she said.

“My God,” the patient said. “Someone might die by then.”

“Indeed, they might,” she said.

In the nearby town of Pozo Verde, residents said malaria had swept in after miners began returning home sick, the government fumigators having vanished two years ago. Now, the public high school has become an incubating ground of its own: A quarter of its 400 students have contracted malaria since November.

“You would think we would do something — a cordon, a quarantine,” said Arebalo Enríquez, the principal of the school, who contracted malaria, as did his wife, mother and seven other members of his family.

Officially, the spread of malaria in Venezuela has become a state secret. The government has not published epidemiological reports on the disease in the past year, and it says there is no crisis.

But the most recent internal figures, obtained by The New York Times from Venezuelan doctors involved in compiling it, confirms a surge is underway.

In the first six months of the year, malaria cases rose 72 percent, to a total of 125,000, according to the figures. The disease cut a wide path through the country, with cases present in more than half of its 23 states. And among the malaria strains present here is Plasmodium falciparum, the parasite that causes the most fatal form of the disease.

“It is a situation of national shame,” said Dr. José Oletta, a former Venezuelan health minister who lives in the capital, Caracas, where malaria cases are now appearing, too. “I was seeing this kind of thing when I was a medical student a half-century ago. It hurts me. The disease had disappeared.”

In El Dique, a rural town where malaria was largely unknown until two years ago, Juana García, 66, sat outside her home, newly widowed since her husband fell ill with the disease and died. She hardly spoke or moved from her chair.

“She will keep fighting,” said her daughter Ana María Padrón.

Inside Ms. Padrón’s adobe home, her two sons were fighting malaria, too. Almost like clockwork, their fevers began in the morning: at 8 a.m. for Omar, who is 8; at 11 for Aristides, who is 7. The family has found no medicine. The boys have only painkillers.

“We pray,” their mother said.

Lure of the Mines

The illegal mines spill out over dozens of miles, leaving a pockmarked stretch of earth where the jungle gives way to countless craters and scars.

Some are no more than tiny pools where two men sift the mud with pans, like a scene from the California goldfields more than a century ago. Others drain wide marshes with tangled networks of tubes and pumps. In another spot, hundreds of wildcatters had dug out a gaping maw of red and white soil. It sinks 15 stories deep and runs the length of a football field. They call it Cuatro Muertos, or Four Dead Men.

It was not supposed to be this way. The gold reserves were once controlled by a Canadian company before President Hugo Chávez expropriated them and pledged to use their profits to fund his Socialist-style revolution.

But the expropriation followed the pattern of mismanagement and neglect that many others did during the Chávez era. The state eventually abandoned the territory around the mine, and the potentially lucrative profits. Wildcatters have moved in, and so have the armed groups that now call themselves the law here.

But at least there is food.

As the country convulses from food shortages and riots, as hungry mobs ransack grocery stores, restaurants and bakeries, the mining town of Las Claritas, only a short drive from the mines, lives in a state of relative plenty.

Restaurants offer full menus. Street markets are packed with fruit. Pickups drive by loaded with pumpkins. In a country where soap is in short supply, a dozen brands are on sale in a Chinese-owned grocery store, where seven models of flat-screen televisions are also available. Miners dish out fat wads of their gold earnings in cash, which run through a bill-counting machine.

The promise of a different Venezuela — one where there is ample food and work that pays enough — led Yudani González to abandon a program to become a preschool teacher in Ciudad Bolívar, the provincial capital, where unemployment is rampant. Instead, she headed to a ramshackle jungle camp, where she cooks for miners with one hand and cares for her two young children with the other.

“Here, you can get ahead,” Ms. González said, washing her 1-year-old daughter in a plastic bucket on the counter as she cooked.

Danneris Flores, a government employee moonlighting as a mining camp cook, sat nearby. She is an administrative assistant in a state-run health clinic, but Venezuela’s currency has tumbled so far that her salary amounts to only about $1 a day at the current street value.

So she asked for a vacation — and used it to work for a couple of weeks at the mines.

Her brother-in-law, who works for the state oil company, Pdvsa, does the same thing. In a short stint at the mines, Ms. Flores said she could earn twice her monthly wages. She counted the days until she would be home to see her three children, whom she had left after “closing my eyes and making my heart small.”

“I never imagined that I would work in a mine,” she said to Ms. González as they served a meal. “Before, people thought of going to school.”

A miner walked in to greet the women and said he had recently watched someone collapse and die of malaria on her way to a market. Ms. González said she had come down with it four times herself. Her 4-year-old, she said, has had it three times.

“They charge you two grams of gold for medicine,” she said. “You pay what they ask.”

Not everyone can find medication, even with gold earnings.

José Yoel Castillo stumbled to the doorstep of the malaria clinic in Las Claritas, carried on the shoulders of two relatives as he convulsed and was unable to speak.

He had been making a living in the town of Caicara del Orinoco, driving passengers on the back of a motorcycle. But an armed gang took the vehicle, and Mr. Castillo could not afford a new one.

So he came to the mines. He quickly found work and money — even malaria medication the first time he became ill. But when the symptoms came a second time, he could not find treatment anywhere.

“Some people can just keep working through it,” said his brother-in-law, Alejandro López. “But others can’t.”

Even with money in their pockets, the miners know the dangers of going back home.

Josué Guevara, 20, gave up last November on his university studies in industrial engineering in a city about 10 hours away. He once pictured himself as a manager at the state-owned aluminum company, Alcasa. But his family members who worked there could barely afford food, he said.

“Now I have other goals,” he said, standing at the edge of the Cuatro Muertos mines, where he lives and works today.

Using gasoline and other chemicals to extract the gold, Mr. Guevara earned 500,000 bolívars — around $500 at black-market exchange rates, about 33 times the country’s minimum wage — during a lucky two-week stretch. But when he got malaria this spring, he did what many miners do: He returned to his hometown to recover, bringing the disease with him.

“Everything has its risks,” he said.

On the other side of the vast pit, Pedro Pérez, 38, sat in a structure made of tree poles and tarp where he sleeps with 10 other miners. He tested positive for malaria twice in March. The third time he fell ill, he did not bother to get tested.

“I was lying here and I felt the same symptoms,” he said.

He, too, went back home — to the provincial capital, Ciudad Bolívar, where his mother eventually caught malaria, as well.

“It’s coming from us,” Mr. Pérez said.

Mr. Pérez remembered his life before he came to the mines last fall: He was a supervisor at a state-owned metal refinery, he said.

He owned a four-bedroom, two-bathroom house and a 2005 Ford Focus. He and his wife, a lawyer, once jetted off on last-minute getaways to Isla Margarita, a tropical island off the north coast of Venezuela.

Maribel Supero clutched her son, an illegal gold miner who had been sick with malaria for 21 days. Credit Meridith Kohut for The New York Times
Maribel Supero clutched her son, an illegal gold miner who had been sick with malaria for 21 days. Credit Meridith Kohut for The New York Times

Yet even before he lost his job last year and was unable to find another, Venezuela’s plummeting currency had whittled his salary down to about $26 a month. He eventually left home for the mine.

“I am still not used to washing myself every day in a river of dirty water,” he said. “I thought I had a good life.”

A few weeks ago, his wife came to Las Claritas to buy the food and soap she could not find in Ciudad Bolívar. The couple spent three nights together in a miner’s hostel. After she left, Mr. Pérez felt the strains on their marriage.

“‘I know it’s hard for you,’ I tell her, ‘but we have to accept this new reality,’” he said.

Back in Las Claritas, at a table in a dark brothel that smelled of alcohol, sat Angélica, a young woman with long black hair whose parents do not know she has turned to prostitution to make her living.

She left the eastern city of Maturín three months ago when riots erupted because food had gone scarce.

“Before, you waited in line for hours, but you got something,” said Angélica, who did not give her last name, ashamed of her work. “But now there is nothing there.”

Today she earns the equivalent of $40 when a miner wants to spend the night with her. More often, the money comes in increments of $8, when a customer wants to have sex and leave a short time later.

At times, she said, it may be a stranger who is trembling with fever, unable to perform because of malaria. Other times, it is the owner of one of the Chinese grocery stores. The men come from all corners of the country.

“The most difficult part of this life is being with someone who you do not love,” she said.

A Resurgence Ignored

Venezuela rose only after malaria declined.

It was the 1920s and another resource had set off a bonanza — the black gold of oil, discovered in massive supply.

But a vast malaria hot zone, then two-thirds of Venezuela, stood between the country and its riches. The deadly scenes were later immortalized in “Dead Homes,” a 1955 Venezuelan novel about the rural epidemics of malaria and the waves of migration to the country’s oil fields.

Freeing the country of malaria became pivotal to Venezuela’s development, said Dr. Oletta, the former health minister.

“Only once malaria was gone, roads could come, industry,” he said. “This was a sick country, and when it got well, things changed.”

That transformative effort was led by Dr. Arnoldo Gabaldón, the former health minister who began one of the world’s first large-scale efforts to eradicate malaria and who became a national hero during his age.

Teams across the Venezuelan countryside built irrigation ditches to drain pools of standing water, distributed quinine and constructed cinder block homes in rural areas so that mosquitoes had fewer places to breed. Dr. Gabaldón founded a research center in the city of Maracay, outside of Caracas and itself a malaria zone at the time, to broaden the mission and train officials from Latin America and Africa.

But it was his use of insecticides — initially DDT, then other substances — that began to turn the tide. The walls of nearly every rural home in the country were sprayed, a technique that killed mosquitoes when they landed to rest. Fumigators would leave an envelope showing the date they would return.

By 1949, malaria deaths had fallen drastically: to nine per 100,000 people from 300.

By the time Mr. Chávez assumed the presidency 50 years later and began to carry out his Socialist-inspired vision for Venezuela, the regimented system of Dr. Gabaldón had long faded, though malaria still appeared to be confined to a few rural areas. But the restructuring of the economy under Mr. Chávez and his followers, including a growing dependence on oil revenue and a system of currency controls restricting American dollars, would eventually change that.

In 2014 and 2015, as oil prices collapsed and the government scrambled for money to pay for goods, services and imports, there were long shortages of chloroquine and primaquine, two drugs used for Plasmodium vivax, the most prevalent malaria parasite in the Americas.

By 2016, doctors said there were shortages of nearly all anti-malaria drugs, most notably a drug cocktail for the deadly falciparum strain that costs just several dollars for a full round of treatment. Though debilitating and even fatal, malaria is easily treatable with the proper medication.

Dr. Leopoldo Villegas, an international malaria expert in Bangkok, said the government also relied on outdated methods like outdoor fogging with insecticides, which had unproven effects on adult mosquitoes that transmit malaria. And because it was not publishing epidemiological reports of new malaria cases or deaths, it was unclear how much medicine was needed each year.

“This is an emergency, this is an outbreak, and it’s not being dealt with by the government this way,” Dr. Villegas said, adding that the Venezuelan government had repeatedly denied the extent of malaria’s resurgence to international organizations that could help prevent its spread.

Gustavo Bretas, a Brazilian malaria expert, said that Venezuela once trained people throughout the region in malaria prevention. But Venezuela’s inability to contain its own outbreak means that it now plays the opposite role: It poses a threat to the countries around it, particularly Brazil, where there are also illegal gold mines.

“It’s starting to spill over into neighboring countries,” he said, adding that the lack of government statistics made the extent of the problem hard to assess.

Venezuela’s Health Ministry did not respond to requests for an interview, including a letter delivered to its offices.

Oscar Noya now works in Dr. Gabaldón’s old laboratory in Caracas under a picture of his mentor in a suit and bow tie. On a recent day, malaria patients once again sat on the steps, most having arrived from the mines. Fifteen had come on a recent morning; 12 of them tested positive for the disease.

Dr. Noya tries to make do without many vital drugs, like artesunate, listed by the W.H.O. as an essential medicine for the treatment of severe cases of falciparum malaria. He has only three vials of it left. He needs six to treat a single patient with a serious case.

One recent night, a gang entered one of his malaria laboratories and stole the computers, one of about 20 attacks this year against the Tropical Medical Institute where he works, Dr. Noya said. He wonders if the groups are aligned with the government.

“We believe this is no more than intimidation because we’re not quiet and we won’t be quiet,” he said, referring to public advocacy about malaria and the spread of other diseases.

Dr. Noya put away his vials of artesunate as more patients gathered outside. He looked up with an air of desperation. “Dr. Gabaldón would have died of a heart attack if he’d seen what is happening,” he said.

Order Outside the Law

Despite the constant churn of workers from across Venezuela, there is a clear order to the mines.

It is enforced by an armed group known as the Union.

One of the Union’s bosses came to the mines years ago to work as a dentist. He still does. But the squads of patrolmen on motorbikes who dominate this place are the real source of his wealth and power. He sports gold chains, two gold teeth — and brass knuckles made of gold.

After the government abandoned them, the mines soon grew again, this time at an unruly pace as wildcatters plowed into the forest, creating pools of stagnant water and a population of easy prey for the mosquitoes that breed in them, paving the way for the explosion of malaria.

Sitting on his patio, the boss, who declined to be named because he could be arrested by the government, took pride in what he said was the Union’s ability to fill in for the vacuum left by the state. Yes, he acknowledged, the punishments the group meted out could be gruesome, like shooting off a man’s hand when he stole, or tying others to posts at the entrance of town with a sign detailing the offense committed.

But he argued that the discipline kept crime in the camps low and allowed miners to go about their business in peace — another aspect of life that has steadily eroded in Venezuela’s dangerous cities.

“To get justice from the police is a joke,” he said. “You have to get your own justice.”

Eduardo Medina agreed. A former pharmacist, he said he had left the drugstore where he worked in the state of Zulia a year ago to start mining because he saw the economic crisis spread and law and order slip away.

“At any time, you might go out and someone would put a pistol in your face for your phone, or knife your mother,” Mr. Medina said in his tent. “Crime is under control here. They charge us, but they solve the problems, too.”

The Albino Mine in May. With the economy in tatters, thousands are streaming into this region. Credit Meridith Kohut for The New York Times
The Albino Mine in May. With the economy in tatters, thousands are streaming into this region.
Credit Meridith Kohut for The New York Times

But the appearance of calm is deceiving. Storms rage in other places where rivals vie for control of the mines. In March, at least 17 miners were killed in what the authorities believed was one such dispute.

Mr. Medina, on a break, looked down into the pit where his fellow miners labored.

“At any moment, you can be killed in Zulia,” he said. “But you can be killed here, too.”

For all the challenges of keeping order, the boss said, malaria was even harder.

“On malaria, we are screwed,” he said.

The task of monitoring the disease seems to have been delegated to people like a state health employee named Miguel Martínez, who sat at a lonely post a short walk from a brothel near the mines, examining blood samples from miners. Under his microscope, a dye had stained the malaria parasite a dark purple. The log beside him showed that half of the patients who had visited him that day had tested positive for malaria.

Like many health workers in this country, Mr. Martínez was exasperated.

“Just as there are no rice and beans in this country, there are no medicines,” he said.

Evening approached at the mine, the time when the Anopheles mosquito begins to feed. Dusk settled over a clapboard Pentecostal church, where parishioners speak in tongues, and past a red-and-blue circus tent promising alcohol and a strip tease.

Under a tarp, five men hammered away at a vein of quartz, which they would grind down and sift for gold. Others waded up to their shoulders in pools laden with heavy metals like mercury, angling tubes to pump the mud. Tropical birds flew in the distance.

“Is the malaria really coming from the miners?” asked Aníbal Flores, 28, a miner who sleeps in a hammock between two poles beside the mine. “But where else can we go to make money? The city? There is no food there.”

Lately, many Venezuelans have taken matters into their own hands.

Five hours away in the newly infected town of El Dique, residents were collecting 100 bolívars from each household to hire a fumigator to come spray their homes.

In the mine, where malaria tests are sometimes unavailable, miners said they had developed an exam of their own: Drink two bottles of beer. If a sharp pain is felt afterward in the liver, where the parasites reside, then the patient has malaria, the test goes. Health officials said the measure was futile.

Still, Mr. Balocha, the former computer technician who works in the Albino Mine, lives by it. Miners call it an “artisanal test.”

He was sick once again, waiting for medicine at a chain-link fence on the edge of a clinic. He recalled the words of his uncle, who phoned him a year ago when Mr. Balocha found his salary as a computer technician to be worthless in the city of Valencia.

“There is money here,” said the uncle, who was mining then. “You have to know how to find it.”

Mr. Balocha started as a “palero,” a stone breaker, getting the smallest cut of the take. But it was still more than what his salary bought in the city after inflation had whittled it away, he said.

He recalled the first time he got malaria, too, the “chills like you were lying down between two blocks of ice.”

“The first time you get malaria is the ugliest,” Mr. Balocha said. “You can’t control the tremors. You feel like you will die. You feel like you are a zombie.”

But he would become a millionaire here, he joked, and one day he would head to Europe — with a Latin American woman, he added — far from the mines, the malaria and the Union.

He sighed, looking up at the sky.

“In the mine, happiness is only temporary,” he said.  (The New York Times)

Author Nicholas Casey – Patricia Torres and Clavel Rangel contributed reporting.

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