La fundadora de Cofavic dice que la tortura está presente en la represión oficial

Usar cabillas y metras en la fuerza pública configura delito de tortura y agresión (+Video)

Durante los más de 60 días de protesta son incontables las agresiones de uniformados documentadas
Durante los más de 60 días de protesta son incontables las agresiones de uniformados documentadas

La actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana, en las protestas de opositores en Caracas y en otras ciudades del país, que han tomado las calles desde el 1° de abril,  ha traspasado no solo los límites de sus funciones, sino también ha roto los parámetros internacionales sobre la acción policial y los derechos humanos. “El Estado democrático ha venido desapareciendo, lo que nos pone en riesgo a todos”, dice convencida Liliana Ortega, abogada fundadora y coordinadora de Cofavic, quien señala que los derechos humanos requieren instituciones fuertes y democráticas al servicio de los ciudadanos. “Las víctimas necesitan tener resortes institucionales y esos resortes están muy debilitados en Venezuela”, advierte.

Con sus fusiles lanzan gases, disparan contra los manifestantes cantidades excesivas de bombas lacrimógenas en sus dos variantes (tipo granada y lata), bolondronas de cristal, cilindros de plomo, pedazos de cabillas de punta afilada y hasta cohetones. Los casos han sido registrados por los medios impresos y digitales, por las redes sociales y por médicos que han atendido a los heridos y, en ocasiones, certificarlo en muchachos ya muertos.

En una protesta realizada en la población de Socopó, capital del municipio Antonio José de Sucre en el estado Barinas, el 16 de mayo, manifestantes resultaron heridos por el impacto de metras y pedazos de cabilla disparados por uniformados de la GNB, según la información de medios nacionales y regionales que recogieron los enfrentamientos violentos que dejó tres muertos.

Otro caso similar ocurrió el lunes 23 de mayo, en horas de la noche, cuando funcionarios del orden público hirieron a más de 18 personas que protestaban en la urbanización Sucre de la calle 54 con avenida Libertador, en Barquisimeto. Médicos de un grupo de rescate que les brindaron auxilio encontraron en el cuerpo de las víctimas pedazos de cabilla y cilindros, además de perdigones. “En algunos muchachos se localizaron burronas de 21 centímetros que se alojaron a nivel subcutáneo, en el rostro o en los brazos; otros presentaron en las piernas pedazos de cabilla limada que fueron extraídas y se suministró un tratamiento con toxoides”, explicó un médico que estuvo en el lugar y que pidió no ser identificado. El caso fue reportado, a través de su cuenta de Twitter, por el diputado Alfonso Marquina.

“Se está poniendo en evidencia el empleo criminal de las fuerzas del orden público y su uso desproporcionado”, afirmó el abogado en Derecho Penal y ex decano de la Facultad de Ciencias Penales de la UCV, Alberto Arteaga. “Estos organismos solo pueden utilizar instrumentos disuasivos, sin capacidad letal en la medida de la estricta necesidad, para impedir o contener la violencia contra personas o bienes. Nunca pueden hacer uso de instrumentos aptos para matar a los fines de impedir una marcha o una protesta, que simplemente debe ser protegida y resguardada”, señaló.

Aseguró que los cuerpos de seguridad deben estar preparados para disuadir hechos violentos, pero no para impedir el ejercicio de un derecho, como es el de manifestar pacíficamente y sin armas, consagrado en el artículo 68 de la Constitución . “Ni siquiera ante manifestaciones de violencia se justifica el empleo de armas o instrumentos con capacidad letal”.

Arteaga indicó que disparar con un arma de fuego contra un manifestante o utilizar un instrumento contundente apto para matar contra un ciudadano que protesta es considerado un homicidio alevoso, es decir, calificado, que recae en cada funcionario policial porque la responsabilidad penal es individual, pero puede extenderse al organismo.

Fernando Fernández, profesor de Derechos Humanos y de Derecho Penal Internacional, indica que el problema de fondo es que las fuerzas de orden público y de seguridad ciudadana, como la PNB y la GNB, se han militarizado: “Ellos ya no previenen, no disuaden, sino que reprimen como si fueran soldados y su objetivo, cuando estos tienen un arma de cualquier tipo, es causar bajas”.

El empleo indiscriminado de municiones y otros objetos letales como canicas de plomo y pedazos de hierro, por parte de esos organismos policiales, “tienen la única intención de causar un grave daño a los manifestantes y no de disuadir la protesta”. También constituye un agravante al momento de imponerle una sanción penal al funcionario, ya que el uso de esos materiales no está permitido.

El delito en el cual incurren los agentes se agrava no solamente por la responsabilidad, sino también por el sitio donde se propina el golpe y la naturaleza del objeto. “A pesar de que los cuerpos de seguridad no tienen responsabilidad penal, de acuerdo con la legislación venezolana, sobre el organismo al cual pertenece el funcionario agresor puede recaer la responsabilidad civil y esto significa que debe indemnizar a la víctima de ese ilegal uso excesivo de la fuerza y la institución lo permitió”.

Todos los agentes de la ley –ya sean nombrados o elegidos– que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención, están regidos por un código de conducta que abarca a las autoridades militares, uniformadas o no, que ejercen las funciones de policía, según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De acuerdo con los principios básicos del uso de la fuerza pública, los gobiernos deben adoptar medidas legislativas, administrativas, entre otras, para garantizar un adecuado uso de la fuerza y la plena vigencia de derechos de las personas. Además deben garantizar la dotación de armas no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir, cada vez más, el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes.

La fundadora de Cofavic dice que la tortura está presente en la represión oficial
La fundadora de Cofavic dice que la tortura está presente en la represión oficial

Liliana Ortega: “Intención de castigar configura el delito de tortura”

Rechaza que en el país haya bandos enfrentados: “No se puede equiparar la fuerza del Estado a la que tiene la ciudadanía. Aquí lo que hay es una población que está manifestando y por eso es reprimida. El Estado tiene el deber de controlar el orden público, pero debe garantizar los derechos humanos. No hay nada de subversivo que un ciudadano quiera entregar una carta en un ministerio. Las víctimas del Caracazo, por ejemplo, se encadenaron en Miraflores en una protesta simbólica pidiendo la apertura de las fosas clandestinas de La Peste”.

A su juicio, uno de los elementos prioritarios en la construcción de un nuevo país es contrarrestar el odio, la criminalización y la discriminación: “Hablar de la necesidad del reconocimiento del otro crispa los ánimos, pero es necesario porque debemos defender a todas las víctimas”.

Dice que las víctimas están en una situación muy difícil porque se les divide en buenas y malas, lo que ha hecho mucho daño a la sociedad.

—¿Qué opina sobre la aplicación de la justicia militar a civiles?

—En Venezuela hay una ruptura del orden constitucional y quizás esto sea lo más claro porque nos coloca en una especie de tutelaje militar. Hay un principio constitucional que no puede ser restringido ni siquiera bajo estado de excepción, que es el debido proceso y una característica fundamental es el derecho al juez natural. Eso está establecido en la Constitución. Aplicar la justicia militar es ponerse de espalda a los estándares internacionales, significa un abandono profundo del Estado de Derecho. Es gravísimo porque es arrebatar las competencias al Ministerio Público. Son sanas esas intervenciones de la fiscal oponiéndose al uso de la justicia militar porque una de sus funciones es la protección de los derechos humanos.

—¿Y cómo afecta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?

—Le hace mucho daño porque la pone a violar la Constitución. El uso de la jurisdicción militar nos lleva al recuerdo de la memoria histórica más terrible de América Latina, lo ocurrido en los regímenes del Cono Sur. Nos hace daño a toda la sociedad, no solo a quienes están siendo investigados. Es una afrenta a los valores civiles y democráticos.

—No pareciera que el gobierno tenga intenciones de rectificar.

—Deben darse cuenta de que ese camino es errado. Vemos con mucha preocupación que se utilice el control de orden público para doblegar el ánimo de los manifestantes. Se persigue a quienes ya abandonaron la protesta. Hay una intención de castigar y eso configura el delito de tortura que –de ser probado– es un crimen de lesa humanidad.

—¿Esos crímenes pueden ser elevados a la Corte Penal Internacional?

—La obediencia debida no exime cuando se cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Eso debería tenerlo presente cada funcionario. Augusto Pinochet, por ejemplo, fue investigado por cuatro casos de tortura, no por la Corte Penal Internacional. Existe la jurisdicción universal, por lo que independientemente de donde se haya cometido el delito, algunos son considerados crímenes contra la humanidad. Estos crímenes son imprescriptibles, son una condena perpetua para quien los comete no solo de manera directa, sino también para quienes los hayan ideado y prestado los medios para que ocurran.

—El gobierno acusa a los manifestantes de ser terroristas.

—En un Estado de Derecho el gobierno no puede acusar a nadie, ni puede presentar pruebas, ni sentenciar. El delito de terrorismo es algo muy grave. Tienen que hacerse investigaciones muy serias para determinar eso.

—¿Para usted qué tan crítica es la situación actual?

—Venezuela vive una profunda crisis de derechos humanos, no solo civiles y políticos, sino de acceso a medicamentos y alimentación. Hay una agenda gravemente comprometida cuyo eje transversal es la impunidad.

—¿Qué debe hacer la Defensoría del Pueblo?

—El mejor favor que haría en estas circunstancias es cumplir su rol constitucional.

—¿La omisión la hace responsable de delitos de lesa humanidad?

—La omisión de cualquier funcionario, sin importar su rango. El ámbito de garantía y protección de derechos humanos no es solo cuando ocurren violaciones a los derechos humanos, es también de prevención. Allí hay una obligación del funcionario: evitar que ocurran violaciones.

—¿Que evidencia lo dicho por la fiscal sobre la muerte de Juan Pablo Pernalete?

—La Fiscalía tiene las facultades de investigar. Si retoma sus funciones constitucionales es algo muy importante para la reconstrucción del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, le guste o no, tiene que acatar las decisiones de los tribunales y de la Fiscalía.

—¿El presidente de la República puede cambiar a la fiscal?

—No. Y tampoco puede sustituirla por ningún otro funcionario.

—¿Una eventual asamblea constituyente puede destituirla?

—Ese proceso está fuera de la Constitución. Esa convocatoria debe ser consultada al pueblo. La ruptura comenzó con la declaratoria del estado de excepción, pues lo que se hizo no está acorde con lo establecido en la carta magna.

—¿Qué es lo más grave que ha ocurrido en este proceso?

—El desconocimiento de la voluntad popular porque la Asamblea Nacional fue electa. Todas las sentencias que han ido menoscabando sus funciones son un golpe muy duro a la Constitución. Esto de crear una fórmula de constituyente que obvie el voto secreto, directo y universal es gravísimo.

—¿Cuál es su mayor temor?

—El odio. No hay modo de solventar esta situación sin el reconocimiento del otro. El otro no es un enemigo que hay que aplastar y es más grave cuando la deshumanización proviene del Estado. Preocupa el uso de la fuerza pública contra los manifestantes, las muertes, el no permitir la ayuda a quienes resultan heridos, todos estos efectos provienen de la deshumanización.

—¿Teme una explosión social?

—Creo que hay elementos de un enorme descontento social y el gobierno no puede ser impermeable a esta situación, pero los que trabajamos en derechos humanos tenemos que ser optimistas. Debe haber sectores dentro del propio gobierno que no estén cómodos con esta situación y vean violados sus valores. Lo otro es pensar que los valores están de un solo lado y eso no es así.

—¿Qué pasos deberían darse para construir una salida?

—Ojalá puedan abrirse mecanismos para una mediación internacional seria que no puede ser impuesta por una de las partes, que sea creíble para ambas, y sobre todo tiene que ser pensada para el bien de la mayoría de los ciudadanos.

La sombra del Caracazo

“En Venezuela hay Caracazos pequeños todos los días, no tiene que ser una explosión social”. La afirmación es de Liliana Ortega, coordinadora general de Cofavic, organización que nació por la masacre ocurrida el 27 y 28 de febrero de 1989, en la que más de 600 personas fueron asesinadas en cuestión de horas.

Su experiencia acumulada de 28 años como defensora de derechos humanos le hace entrever, sin embargo, que no todo está perdido. Confía en que lo que hay es que “sumar más voluntades en todas partes” para solventar el sufrimiento de la gente.

Aunque no cree que pueda suceder un Carachazo, ve dos elementos coincidentes: la frustración de la gente y la sordera del gobierno ante el reclamo del pueblo. “El presidente de la República debe gobernar para todos, por lo que el dolor del otro debe importarle, aunque no sea el suyo. No son solo los muertos, basta que camines por cualquier zona de Caracas y verás a la gente cansada de hacer colas, que no consigue la comida, que le robaron en el autobús, que no encuentra las medicinas”.   (Globalizados/El Nacional)