Como siempre la criminalización apunta a los medios de comunicación

Con la Ley contra el Odio se repotencia la criminalización de la disidencia (+Video)

Durante esa oscura etapa de la humanidad que se conoció como la etapa del fascismo en Europa y Asia, una de las características particulares del proceso fue que Adolfo Hitler, como máximo jerarca del nacismo, se dedicó a impulsar unas cuantas leyes que permitieron hacer de la discriminación una práctica común, imitada de inmediato por Benito Mussolini en Italia y por los jerarcas japoneses que ocupaban China.  Las leyes conocidas como los edictos de Nuremberg, las Leyes de Trieste y las nuevas normas del Imperio, permitieron el conocido holocausto nazi, la brutal y sangrienta invasión de China y hasta la persecución. Despojo y asesinato programado de homosexuales, gitanos y diversas minorías.

Esta semana en nuestro país, la Asamblea Nacional Constituyente, que carece de legalidad constitucional de acuerdo a la carta magna vigente, aprobó la Ley contra el Odio, que  supuestamente está dedicada a luchar contra la intolerancia, pero que tiene un claro transfondo que busca criminalizar toda oposición y disidencia contra el gobierno, especialmente cargando contra los medios de comunicación y las personas a las que impone enormes multas, cierre hasta de sus redes sociales y penas que van de 10 a 20 años de cárcel.

El artículo 6 prohíbe “toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, religioso, político y de cualquier otra naturaleza”. Este se apoya en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

Todos los diputados oficialistas que conforman la ANC votaron a favor de la Ley
Todos los diputados oficialistas que conforman la ANC votaron a favor de la Ley

“La difusión de estos mensajes por los prestadores de servicio de radio y televisión será considerada como causal de revocatoria de la concesión”, agrega el texto.

Los medios electrónicos también podrán ser bloqueados por el Estado si incurren en la misma falta: “La difusión de los mensajes (…) dará lugar al bloqueo de los portales, sin prejuicio de responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar”.

El Estado estará en la potestad de bloquear a los medios de comunicación eléctronicos si incurren en la misma falta. Los medios de comunicación que publiquen mensajes que “promuevan el odio y la discriminación” tendrá seis horas para quitar el anuncio, de negarse en el tiempo reglamentario, será sancionado de 150 mil a 100 mil Unidades Tributarias, más el bloqueo: “La difusión de los mensajes (…) dará lugar al bloqueo de los portales, sin prejuicio de responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar”.

Por su parte, en las redes sociales, las personas que las administren, tiene prohibido incitar a la discriminación de cualquier tipo deben retirar todos los mensajes o propaganda.

Como siempre la criminalización apunta a los medios de comunicación
Como siempre la criminalización apunta a los medios de comunicación

Los dueños de medios y toda persona natural que incumplan con dicha ley “será sancionado de 10 a 20 años  de prisión por los daños causados”.  La disposición número 12 obliga a los medios de comunicación a transmitir mensajes de la paz en un total de 30 minutos semanales cuyo material será entregado por el gobierno nacional. Los medios que incumplan con dichos ordenamientos serán sancionados con 4 hasta 30 % del ingreso bruto del año fiscal.

El borrador de la Ley que se ha filtrado, pues la misma no ha sido publicada aunque fue aprobada y ya los personeros del Gobierno dicen que comenzarán a aplicarla, parece denotar claramente que es un instrumento más para avanzar en un delicado proceso de vulneración de la democracia, que tiene años gestándose en Venezuela, desde el gobierno y las acciones de Hugo Chávez que desconocieron y alteraron la constitución luego que el pueblo en una consulta abierta rechazó el cambio de nuestra carta magna, pero que definitivamente parece haberse agravado y multiplicado en el último año, cuando se han violentado y desconocido las decisiones del soberado, alterando lo establecido en la Constitución para favorecer al gobierno de turno.

Ahora la norma nueva es el silencio pues cualquier cosa que suene a pensamiento distinto puede interpretarse como una violación a esta Ley que presentaron personas tan respetuosas de los demás y calmadas como la diputada Iris Varela y el señor Diosdado Cabello, siempre calmados y totalmente incapaces de atacar o calificar de forma denigrante a otras personas.   ¿Será que los venezolanos también vamos a asumir está violación a nuestros derechos como hemos venido haciendo con todo lo que ha deteriorado nuestra calidad de vida y salud?

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